El proceso de extinción de los órganos garantes de transparencia en las entidades federativas ha generado un escenario de profunda incertidumbre jurídica en el país. Según Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la transición no ha seguido una ruta homogénea ni ordenada, lo que ha derivado en un mapa nacional fragmentado y con criterios dispares en la protección y garantía de derechos fundamentales. En algunos estados, la desaparición de los institutos se realizó de manera formal y acelerada, mientras que en otros subsisten esquemas provisionales, ausencia de leyes secundarias y modelos administrativos sin autonomía técnica ni especialización.
Del Río Venegas enfatizó que la falta de una directriz clara ha permitido que cada estado interprete la transición a su manera, lo que ha debilitado la certeza jurídica y la confianza ciudadana en los mecanismos de acceso a la información y protección de datos personales. Aguascalientes, por ejemplo, fue la primera entidad en extinguir su instituto, trasladando las funciones a la Contraloría del Estado sin presupuesto específico ni estructura especializada, un modelo que luego replicaron Colima, Baja California Sur y Morelos. En estos casos, las funciones de transparencia quedaron bajo instancias administrativas, lo que implica que los derechos dejan de ser una garantía efectiva y pasan a considerarse meros trámites burocráticos.
La situación se agrava en estados como Jalisco, donde el instituto cerró operaciones en noviembre de 2025 sin que existieran leyes secundarias que regularan la transición, lo que dejó un vacío institucional en la protección de los derechos de acceso a la información. Zacatecas extinguió su órgano en junio y hasta la fecha no cuenta con un órgano desconcentrado que asuma formalmente las funciones, mientras que Sinaloa opera bajo esquemas transitorios sin plazos definidos ni claridad sobre el modelo sustituto. En San Luis Potosí, aunque el instituto sigue funcionando, lo hace únicamente con dos comisionados, lo que limita su capacidad resolutiva y afecta la atención de recursos y la protección de datos personales.
La excomisionada del INAI advirtió que los esquemas provisionales no pueden normalizarse, ya que la falta de definición institucional tiene consecuencias directas en la atención de recursos, la protección de datos personales y la confianza de la ciudadanía. Si bien algunas entidades como Coahuila, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Yucatán y Tabasco han implementado órganos desconcentrados, los modelos son heterogéneos y carecen de claridad normativa. Esta fragmentación vulnera la garantía del derecho a la transparencia y se aparta del espíritu de la Ley General, que exige criterios homogéneos y mecanismos efectivos de protección.
Del Río Venegas recordó que los estados que han cerrado formalmente sus institutos son Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California, Yucatán, Baja California Sur, Morelos y Durango. En la Ciudad de México, el instituto permanece jurídicamente vigente, pero no puede sesionar por falta de quórum, dejando en suspenso la resolución de asuntos y el ejercicio efectivo de los derechos. “El problema no es solo la desaparición de los institutos, sino la ausencia de una transición ordenada, con reglas claras, autonomía técnica y responsabilidad institucional. Mientras eso no ocurra, los derechos seguirán en pausa”, concluyó.
